Más casos de corrupción llegan a la Pepca – Periódico El Caribe



Carlos Pimentel entregó los documentos al titular de la Pepca, Wilson Camacho.

Los casos de presuntas irregularidades cometidas durante el pasado gobierno siguen saliendo a la luz. Ayer el director de Compras y Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, entregó tres expedientes más sobre anomalías encontradas en la contratación de servicios en dos instituciones del Estado.

Pimentel apoderó a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) de los expedientes que envuelven al Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi), donde estaba Berlinesa Franco, y del Plan de Asistencia Social de la Presidencia, cuya titular era Iris Guaba.

No es la primera vez que Inaipi está implicado en estos casos, ya que en abril se destapó un escándalo por corrupción supuestamente cometido en una licitación durante el estado de emergencia, por el cual fueron destituidos siete funcionarios y Franco renunció a su puesto.

El costo es de RD$268 millones

Ahora, Pimentel explicó que en Inaipi se encontraron dos casos donde había un entramado que buscaba favorecer a proveedores y a funcionarios de manera ilegal. El total es de RD$268 millones.

Uno de los expedientes tiene que ver con irregularidades detectadas en un proceso de compra que data de 2018 para el suministro y distribución de la leche del desayuno escolar a los Centros de Atención Integral a la Primera Infancia (CAIPI) y Centros de Atención a la Familia y a la Infancia. Detalló que Inaipi adjudicó ilegalmente contratos millonarios a compañías relacionados entre sí por montos que superan los RD$60,000,000.
El otro caso, indicó el funcionario, es de 2016, cuando la institución incurrió en violaciones a los procedimientos a través de procedimientos de urgencia de los cuales no se tiene ninguna evidencia y que le costaron al Estado unos RD$208.05 millones.

En el Plan Social hubo recurrencia sospechosa

En el Plan Social desde el 2019 se identificó una recurrencia sospechosa en los procesos de compras que otorgaba adjudicaciones millonarias a compañías que fungían como intermediarias.

“Funcionó una estructura de proveedores, de funcionarios de esa institución que a través de las constataciones públicas se agenciaban recursos y beneficios de manera ilícita”, dijo.